Puede ocurrir que el recurso se agote y deje de estar disponible en cantidad y calidad suficientes para todos los usos o, por el contrario, que fluya libremente y destruya todo a su paso.

Para dar respuestas institucionales, técnicas, operativas y estratégicas a estos efectos desastrosos, los recursos financieros necesarios para la gestión del agua a nivel de cuenca son especialmente importantes.

En función del contexto geográfico, cabe citar como ejemplos el apoyo a la gobernanza de los organismos de cuenca, la creación de redes de seguimiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, la previsión hidrometeorológica, las herramientas de modelización y simulación y los sistemas de información sobre el agua para mejorar el conocimiento de la cuenca, apoyo al proceso de elaboración, aplicación y seguimiento de la planificación de las cuencas hidrográficas, incluso para acciones específicas (ordenación del territorio, reforestación, control de la erosión, restauración de los ríos, gestión de los sedimentos).

También son necesarios grandes programas de inversión adaptados a las distintas realidades para conseguir llevar a cabo proyectos como el desarrollo de embalses o presas polivalentes, diques o infraestructuras hidráulicas de protección contra inundaciones y sequías; la prevención de la contaminación (saneamiento y depuración de aguas residuales) y la protección del medio ambiente; la prestación de servicios (energía hidroeléctrica, regadío, abastecimiento de agua doméstica e industrial, transporte fluvial) y, por último, soluciones basadas en la naturaleza para restablecer la seguridad hídrica y ecológica.

Dado que el objetivo de la GIRH es gestionar un patrimonio natural compartido, los mecanismos de financiación sostenible son principalmente públicos e implican a los tres T:

  • Tributos: impuestos generales, recaudados a ciudadanos y empresas por las autoridades públicas, que deciden cómo distribuirlos y destinan parte de ellos a la gestión de cuencas, pero también impuestos específicamente destinados a la gestión del agua (o «cánones»).
  • Tarifas: pagos por servicios prestados (facturas de agua potable, saneamiento y riego).
  • Transferencias: préstamos a través de financiación bi/multilateral, como la ayuda oficial al desarrollo; subvenciones y contribuciones benéficas y voluntarias.

En cuanto a los mecanismos de financiación pública, surgen dos cuestiones clave.

La clé de voute de leur durabilité est l’incitation économique !

Por lo tanto, es aconsejable aplicar el principio de «quien contamina paga/usuario paga», que sanciona la degradación de los recursos y subvenciona los comportamientos virtuosos de gestión del agua.

Hay que esforzarse por reforzar los sistemas fiscales nacionales integrando gradualmente en ellos la economía hasta ahora informal.

También pueden considerarse mecanismos alternativos como las asociaciones público-privadas, los pagos por servicios medioambientales y la financiación comunitaria, siempre que estén en consonancia con los objetivos fijados colectivamente por la gobernanza de las cuencas. Son un complemento útil para afrontar los retos de la adaptación al cambio climático, la preservación de la biodiversidad y la cooperación transfronteriza.